Cultura ordena conservar parte de los restos, que serán desmontados, y permite el parking

La Consejería de Cultura ya ha emitido su veredicto: habrá que conservar parte de los restos árabes de los siglos XII y XIII aparecidos durante la excavación arqueológica que se lleva a cabo en lo que fuera el Jardín de San Esteban, y que no terminará hasta finales de enero. Y esta conservación será compatible con la construcción del aparcamiento subterráneo. Así lo confirmó ayer el responsable del área de Arqueología de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Ángel Iniesta Sanmartín. «Entiendo que sí es compatible el parking con la solución que proponemos; además generará una cámara que facilitará la conservación de las ruinas».
La conservación será in situ, pero no a -3,5 metros de profundidad, como están ahora mismo, sino extrayéndolos pieza a pieza y colocándolos de nuevo en el futuro jardín de San Esteban. De esta manera se podrá crear un parque arqueológico y un pequeño centro de interpretación para visitantes.
Ahora, por parte de la empresa adjudicataria del parking, la Unión Temporal de Empresas formada por Grupo Generala y Gestión de Aparcamientos y Estacionamientos, deberá redactar y remitir a Cultura un anteproyecto que defina los criterios técnicos y el proceso de la intervención en su conjunto, para su aprobación por la Dirección General de Bellas Artes. Una vez definida la zona total a conservar, en principio entre 3.000 y 4.000 metros cuadrados -la excavación se está realizando sobre una superficie todal de 10.000 metros cuadrados-, se emitirá la preceptiva resolución por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y se deberá redactar el proyecto definitivo de extracción, consolidación y colocación de los restos y la correspondientes modificación del proyecto de aparcamiento en lo referente al jardín superior que acogerá, en parte, el espacio arqueológico.

Como el templo de Debob

Según Iniesta, «no hay ningún problema técnico para extraer sin peligro los restos arqueológicos, la mayoría de ladrillo, y muros de mortero de cal». Afirmó, como se indica en el informe, que en la actualidad es frecuente el traslado de vestigios arqueológicos o monumentales, como ocurrió con el templo egipcio de Debod desde el Nilo a Madrid, o la basílica romana de Tarragona para construir un parking o, en la misma Murcia, el caso del Castillo del Portazgo, en el Puerto de la Cadena, que fue desmontado por bloques para desplazarlo unos metros ya fuera de la autovía Murcia-Cartagena.
La decisión de optar por la extracción de los restos a cota de jardín es la más indicada, según Iniesta, porque evita los problemas de humedades derivados del nivel freático.
El informe de Ángel Iniesta, que es vinculante para el Ayuntamiento de Murcia, ha sido emitido tras conocer el contenido del que han realizado los dos arqueólogos directores de la excavación en el solar de San Esteban, José Antonio Sánchez Pravia y Alfonso Robles, pertencientes a la empresa Arqueología Técnica y de Gestión (Arqueotec) y que, a su vez, responde a la obligación impuesta por la Dirección General de Cultura en septiembre de 2005 de realizar un estudio arqueológico como paso previo a la redacción del proyecto de aparcamiento planteado.
El director general de Bellas Artes lamentó «el pábulo que desde algunos partidos políticos se ha dado a todo tipo de disparates, que han supuesto un ataque a la profesionalidad y honorabilidad de los técnicos». La jefa de servicio de Patrimonio, Ana Fructuoso, también defendió la independencia y profesionalidad de los funcionarios.

Muere José Ramón Jara, vicesecretario general del PSOE murciano

El diputado regional y vicesecretario general de la ejecutiva del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha fallecido hoy en su domicilio a consecuencia de un cáncer, informó este partido.
Jara era portavoz de la comisión ejecutiva del PSOE de Murcia , y ocupaba la viceportavocía del grupo parlamentario socialista en el Parlamento regional.
José Ramón Jara, de 45 años, casado y padre de un hijo, era doctor en Ciencias Químicas y Bioquímica por la Universidad de Murcia , y fue concejal en el ayuntamiento de Ceutí, su pueblo natal, de 1987 a 1995.
El PSOE, en un breve comunicado, manifestó que la "familia socialista está de luto" por la muerte de su compañero, que en la anterior legislatura ocupó la dirección del área de Agricultura y Pesca en la Delegación del Gobierno en Murcia .

La sociedad murciana, de luto

El Gobierno de la Región de Murcia expresó hoy sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del diputado regional y vicesecretario general de la ejecutiva del PSRM-PSOE, José Ramón Jara.
El Ejecutivo murciano quiso hacer llegar a sus familiares, amigos y compañeros el pésame en nombre de todos los murcianos.
El Gobierno regional se sumó así al pesar de la familia socialista y al del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea Regional, en el que José Ramón Jara desarrolló su actividad política en los últimos tiempos.
En este mismo sentido, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, destacó la dimensión "política y humana" de quien fuera vicesecretario general de la ejecutiva del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, quien falleció hoy a consecuencia de un cáncer, y a quien describió como "un ejemplo de militante socialista, de trabajador incansable y de persona honesta, porque sabemos que hombres como él hacen mejor el mundo que nos rodea".
En un artículo titulado 'Compañero del alma, compañero', González Tovar rememoró la vocación temprana de Jara hacia la política, y subrayó que "trabajó por sus ideas y por la Región de Murcia hasta que la enfermedad se lo impidió". "Y aún entonces su lucidez y su inteligencia ayudaron a los demás a establecer criterios, a encontrar soluciones y a trazar caminos en el quehacer político diario", apostilló.
Para el delegado del Gobierno, Jara era "rebelde ante la injusticia, comprometido con el pensamiento socialista y con la sociedad, valiente en las decisiones y luchador incansable por los intereses de su región", al tiempo que aseguró que quien también fuera viceportavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea Regional "no dejó enemigos en el camino, porque su integridad, su cordialidad y la bondad que le caracterizaban eran parte innata a su personalidad".
"Desde hoy nos falta alguien a quien no podremos suplir", aseveró González Tovar, quien indicó que Jara se ha ido "cuando aún teníamos que hablar de tantas cosas, cuando tanto te necesitamos". "Te tendremos siempre, seguiremos el ejemplo de lo mucho que nos has enseñado y continuaremos trabajando también por ti, por nuestra Murcia, aunque no podamos entender porque te has ido tan pronto, compañero del alma, compañero", concluyó.
Asimismo, el portavoz del grupo socialista, Juan Carlos Ruiz, ha lamentado hoy "la pérdida de un murciano irrepetible", tras conocer durante el desarrollo de una sesión plenaria de presupuestos la muerte del viceportavoz de esta formación José Ramón Jara.
Saura dijo que "es una gran pérdida para la Región de Murcia, para el PSOE y para mi porque ha sido mi amigo durante muchos años y hemos trabajado codo con codo".
El portavoz de los socialistas en el parlamento, visiblemente afectado al igual que el resto de sus compañeros de grupo, reiteró que José Ramón Jara "ha sido un murciano irrepetible, que ha querido a la Región de Murcia y ha peleado por su Comunidad allí donde ha estado".
El portavoz del grupo popular Juan Carlos Ruiz expresó la renuncia de su grupo a intervenir en el pleno de presupuestos del parlamento en señal de duelo por el fallecimiento de José Ramón Jara, una iniciativa que fue secundada y agradecida por el resto de formaciones y sólo se celebró la votación de enmiendas y del proyecto de ley.
Ruiz dijo que "expresamos nuestro más profundo pesar y condolencia a la familia por la pérdida de un hombre que representó y trabajó por la Región de Murcia", tras lo que añadió que "queremos hacer llegar nuestro deseo de que descanse en paz y de que su familia, en la medida que pueda, se recupere lo antes posible.
El presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, dijo que la noticia de la muerte de Jara "ha supuesto, créame, un impacto muy fuerte para todos los diputados hasta el punto que hemos resuelto que no estábamos en condiciones de continuar el pleno".
"Lo primero es acordarse de su familia y transmitirles nuestro pesar, tanto el personal de cada uno de nosotros, como el institucional, que así se le hará llegar", añadió.
Celdrán afirmó que José Ramón Jara "era un hombre de un discurso inteligente y riguroso y aunque pertenecíamos a fuerzas políticas distintas, el reconocimiento de su valía esta fuera de toda duda".
A este duelo general se unió también el sentir del presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel del Toro, que expresó sus "más sinceras condolencias" a la familia del vicesecretario general del PSOE y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, José Ramón Jara, fallecido hoy a causa de un cáncer, "en la confianza de que encontrarán fortaleza suficiente para soportar tan sensible pérdida".
Un sentimiento que trasladó también al Partido Socialista de la Región de Murcia, "en cuyos órganos de dirección había ejercido su actividad política durante los últimos años y en los que los empresarios, con sus representantes a la cabeza, han conocido más de cerca la faceta profesional y el perfil de José Ramón Jara, tanto por su participación en distintos foros de encuentro como por la intensa actividad desplegada en el Parlamento Regional en defensa de las cuestiones principales que afectan a la Comunidad Autónoma"
Por otra parte, el coordinador regional de IU en Murcia, José Antonio Pujante, lamentó hoy el fallecimiento del diputado y vicesecretario general de la Ejecutiva del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, del que destacó su "constancia y compromiso con la ciudadanía de la Región".
Pujante, que hacía estas declaraciones en nombre de la Presidencia de Izquierda Unida tras conocer la muerte de Jara a consecuencia de un cáncer, indicó que éste era un político "honesto, sólido en su argumentación y firme en sus convicciones".
"Jara nos deja huérfanos a todos los murcianos y murcianas", añadió Pujante tras resaltar "la afabilidad en el trato personal de este político inteligente, hábil y paciente negociador".

El fiscal pide seis años de cárcel y más de siete millones de multa al empresario Casanova por fraude

El fiscal ha pedido seis años de prisión y multa de 7,2 millones de euros para el empresario Trinitario Casanova, que será juzgado la próxima semana en Murcia acusado de dos delitos contra la Hacienda Pública por la presunta defraudación de 1,2 millones en concepto de IVA y del Impuesto de Sociedades.
Las conclusiones provisionales del Ministerio Público señalan que este promotor inmobiliario, administrador único de la empresa "Grupo Inversor Hispania, S.A.", para evitar el pago de sus impuestos, "trató de crear la apariencia de que, durante el año 2003, su empresa había soportado importantes gastos".
Estos desembolsos, añade el fiscal, se habrían producido, según el acusado, por las obras de movimiento de tierras y desmonte de terrenos en una urbanización conocida como "Sierra de Altea II", situada en el término municipal de Altea (Alicante)"
"Estas obras, afirma la acusación estatal, no se habían realizado, ni, por tanto, habían supuesto para el acusado gasto alguno, por lo que, con el fin de aparentar esos gastos inexistente frente a la Agencia Tributaria, se puso en contaco con otras personas para que emitieran las correspondientes facturas.
El empresario consiguió así hacerse con un total de 91 facturas que le permitieron eludir el pago de 596.372 euros en concepto de IVA y casi 606.00 euros por el Impuesto de Sociedades, siempre según el fiscal.
En las conclusiones provisionales se solicita al Juzgado que condene a Trinitario Casanova, además de a los seis años de cárcel y multa de 7,2 millones de euros, a indemnizar a la Hacienda Pública en más de 1,2 millones de euros.
Trinitario Casanova es el promotor de un proyecto de urbanización que pretendía construir cuatro mil viviendas en la finca "La Zerrichera", ubicada en Águilas, y que está enclavada en una zona de especial protección ambiental (ZEPA).
El proyecto se encuentra paralizado por una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Igualmente, Casanova está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta difusión de noticias falsas para intentar alterar el precio de las acciones del Banco Popular.

La Policía bloquea y rastrea 117 cuentas de Nicolás Mateos en busca del dinero

¿Dónde está el dinero? ¿A qué fin ha sido destinado? Tales son las preguntas que constituyen una de las claves de la investigación policial y judicial que se está desarrollando sobre el grupo inmobiliario Nicolás Mateos, cuyo presidente y principal responsable, Luis Nicolás Mateos, se encuentra en prisión preventiva desde el jueves por la noche, al igual que su director general, P.F.H.N., como supuesto autor de una estafa multimillonaria.
De las denuncias presentadas por más de un centenar de clientes de la firma inmobiliaria, así como de las gestiones policiales realizadas a lo largo de los últimos meses, se deduce que el número de afectados por la supuesta estafa podría superar el medio millar y que el montante global de la misma ascendería a unos 15 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas), según las primeras estimaciones.
Este dinero había sido entregado a la compañía promotora por las numerosas personas -en su mayor parte de Cataluña o Valencia, y también de países como el Reino Unido- que habían reservado una vivienda en el resort Lagoa do Coelho que la citada firma promovía en el norte de Brasil. Lo que parece evidente es que esas cantidades no han sido, al menos en su mayor parte, destinadas a desarrollar el complejo urbanístico brasileño, donde estaba previsto levantar 12.827 viviendas y comenzar a entregarlas a partir de junio pasado, pero donde todavía no se ha puesto un solo ladrillo.
¿Donde está, pues, la mayor parte de ese dinero entregado a cuenta por los clientes? Para tratar de dar respuesta a ese interrogante, los agentes de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (UDEV) del Cuerpo Nacional de Policía han bloqueado hasta el momento 117 cuentas bancarias, que estaban operando tanto a nombre de Luis Nicolás Mateos como del Grupo Nicolás Mateos y de otras sociedades vinculadas a este complejo empresarial.
Estas cuentas, que están siendo minuciosamente examinadas en busca del rastro del dinero y de su destino final, se encuentran en todos los casos en España, aunque los investigadores no descartan que puedan ser detectadas otras en el extranjero.
Estafa o apropiación indebida
En un auto dictado el pasado junio por un juzgado de Instrucción de Murcia, que entró a conocer del asunto, el magistrado ya expone que de la documentación analizada se deducen indicios que apuntan a la posible comisión de una estafa masiva. Y ello debido a que los clientes llegaron a entregar hasta el 40% del precio final de las casas -hasta 35.000 euros-, que no fueron avalados por la empresa o que, en el mejor de los casos, lo fueron por compañías italianas como Albatross Invest y Minos Fideiussioni & Guarantees, que no sólo no tenían autorización legal para operar en España sino que, además, en el caso de la primera, estaba cancelada del registro de intermediarios financieros del Gobierno italiano.
Aunque el juez no niega que cualquier empresa pueda sufrir contratiempos que obliguen a retrasar sus proyectos, considera que en este caso «las demoras en la construcción son presuntamente más groseras que las que podrían ser objeto de espera razonable en este tipo de promociones». Sobre todo, añade, teniendo en cuenta que la promoción inmobiliaria está «bendecida por todos los permisos oportunos» de las autoridades brasileñas y que, pese a ello, no se ha iniciado ni una casa.
El instructor tampoco olvida que para que exista el delito de estafa debe haber una voluntad previa, inicial, de cometer ese fraude por parte del empresario. Pero señala que, si no hubiera estafa, sí podría darse una apropiación indebida del dinero de los clientes, ya que se les siguió cobrando cuando la compañía ya era consciente de que no podría llevar a buen término la urbanización.

El fiscal pide seis años de cárcel para el alcalde de Mazarrón por pagos al concejal Valera

El fiscal ha pedido seis años de prisión para el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del Partido Popular, que será juzgado el 4 de diciembre en la Audiencia Provincial acusado de un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales por los pagos anticipados hechos al concejal Domingo Valera.
El Ministerio Público acusa también por los mismos delitos al propio Valera y al interventor municipal, Pedro Sánchez García, para quienes pide cinco años y cinco meses de prisión.
En los tres casos, el fiscal solicita a la Sala que se condene a los tres a diez años de inhabilitación absoluta, según conclusiones provisionales.
Tras las elecciones municipales de mayo de 2003 el Ayuntamiento de Mazarrón quedó compuesto por nueve concejales del Partido Popular, ocho concejales del Partido Socialista, uno de Izquierda Unida y tres del Partido Independiente por Mazarrón (PIxM), del que era portavoz Domingo Valera.
En sesión extraordinaria del pleno celebrada en julio del mismo año se acordó, con los votos favorables de los ediles del Partido Popular y del Grupo Independiente y los votos en contra de los socialistas, conceder la dedicación exclusiva a Valera, con un sueldo bruto de 31.365 euros anuales.
Asimismo, y al margen del pleno, Francisco Blaya acordó con Valera "la entrega de las cantidades que en cada momento requiriera de la Corporación, que habrían de disfrazarse, para darles apariencia de legalidad, como anticipos de su sueldo de concejal".
Para el Ministerio Fiscal, los pagos "no tuvieron nunca este carácter, sino el de meros regalos realizados con dinero público, tanto por el hecho de que las entregas de las cantidades no obviaban el que mensualmente recibiera su sueldo íntegro como por el hecho de no existir normativa legal alguna que las amparase".
Según los datos que se aportan en el escrito de acusación, Valera llegó a percibir, entre el 15 de septiembre de 2003 y el 11 de agosto de 2005, un total de 33.300 euros.
Además, "el señor Valera mantenía desde el año 2000 una deuda con el Ayuntamiento por el impago de impuestos municipales que en julio de 2005 alcanzaba la cifra de 4.113 euros, sin que se procediera a embargarle parte del sueldo hasta marzo de 2007.
Domingo Valera, fue alcalde del PP entre 1995 y agosto de 1997, cuando la oposición municipal le presentó una moción de censura, y repitió en el cargo de primer edil en las elecciones de 1999 a las que se presentó como candidato del Partido Independiente por Mazarrón (PIxM) creado por el mismo, y en la que obtuvo tres concejales.
Fue retirado del cargo de alcalde dos años después, en febrero de 2001, tras serle presentada una segunda moción de censura.

La Guardia Civil detiene al alcalde y al edil de Urbanismo por cobro de comisiones

José Martínez García, conocido popularmente como Pepe El Mecánico, ex dueño de un taller de reparación de automóviles y maquinaria agrícola, propietario de una administración de loterías y alcalde de Librilla por el PP desde hace dos décadas, con un breve lapsus de cuatro años en que le desbancó el PSOE, pasó ayer a engrosar la ya amplia nómina de políticos murcianos detenidos por su presunta implicación en casos de corrupción. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que hace un año y medio iniciaron las investigaciones sobre una trama delictiva que han desembocado ahora en la llamada Operación Biblioteca, le informaron de sus derechos ayer a mediodía y lo trasladaron hasta su domicilio, con el fin de iniciar un minucioso registro que se extendió durante cinco horas.
En el mismo momento era detenido su teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, cuya vivienda también fue inspeccionada con todo detalle en busca de pruebas de supuestas actuaciones delictivas. Los dos arrestos se producen 48 horas después de que los UCO hubieran desmantelado la primera ramificación de la supuesta trama delictiva. En concreto, el martes fueron detenidos el funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde, que fue responsable de la Oficina de Asesoramiento Técnico de Municipios; su mujer, Josefa B.B.; su socio y administrador de la empresa ACADI S.L., Domingo Cabrera; el gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora, y la esposa de éste, Francisca G..

Han empezado a 'cantar'

Fuentes próximas a la investigación han apuntado a que las detenciones del alcalde y del teniente de alcalde de Librilla se justificarían, en buena parte, por el contenido de las declaraciones de los arrestados en la primera fase de la operación, que habrían indicado que los dos cargos públicos locales estarían, presuntamente, recibiendo comisiones por la adjudicación de contratos públicos a sociedades vinculadas a la red de corrupción.
La Operación Biblioteca, que desde el primer momento se ha desarrollado bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, investiga la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento público y blanqueo de capitales.

Denunciante denunciado

El octavo detenido es un abogado, Cesáreo Gil de Pareja Otón, quien trabajó para la sociedad ACADI y que por ello podría tener algún conocimiento de las actividades supuestamente ilícitas que se desarrollaron desde la misma. Se da la circunstancia paradójica de que, según señalan fuentes próximas al asunto, Cesáreo Gil acabó enemistándose con el gerente de la firma, Domingo Cabrera, y le presentó una demanda. Las mismas fuentes indican que datos aportados por este letrado sirvieron de base para iniciar la investigación de la trama, por lo que ayer su arresto fue acogido con gran extrañeza en algunos ámbitos.
Cesáreo Gil imparte desde hace varios años el máster de Urbanismo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). El presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, lo calificó ayer de «gran profesional» y se mostró «convencido de su honradez».
Las mismas fuentes apuntaban a que los detenidos en la primera fase de la operación hubieran podido imputarle alguna práctica delictiva, lo que habría motivado su detención.
Las sospechas de los investigadores se orientan en el sentido de que los funcionarios públicos detenidos se habrían aprovechado de su condición para conseguir que numerosos contratos públicos, cuya cuantía superaría los siete millones de euros, fueran asignados a empresas de su propiedad, o a otras sociedades con cuyos dueños estaban en connivencia y que habrían pagado comisiones.

Cinco detenidos por supuesta corrupción en Librilla

Cinco personas han sido detenidas en el marco de una operación contra una supuesta trama de corrupción urbanística, en la que están implicados el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, ambos encargados de redactar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librilla.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Murcia decretó esta mañana las detenciones en un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
En el marco de esta operación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy a José Luis Cano y Domingo Peñalver, propietarios ambos de la empresa Acadi que redactó el PGOM de Librilla.
José Luis Cano es funcionario en excedencia desde junio de 2007 de la dirección general de Administración Local, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma, en la que ejercía como responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios.
La consejería de Presidencia le abrió en abril de 2007 "un procedimiento de información reservada" para aclarar supuestas irregularidades, después de que el PSOE denunciara que había utilizado "como tapadera" a la empresa Acadi para adjudicarse y gestionar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y una treintena de planes parciales en Librilla.
A este respecto, la consejería de Presidencia informó hoy a Efe de que el procedimiento de carácter interno abierto en 2007 sobre la actividad de José Luis Cano "no detectó irregularidades administrativas" en su actividad.
Junto a estas dos personas han sido arrestados también José Andrés Cortés Otálora, gerente de la empresa municipal de suelo IDL, de Librilla, un familiar de éste y otro de Cano, cuyas identidades no han sido dadas aún a conocer.
Además, el juzgado ordenó nueve registros en las dependencias del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios; el ayuntamiento de Librilla, y diversos domicilios particulares y sedes sociales de empresas en Murcia, Librilla y Los Alcázares, donde la Guardia Civil inspeccionó la sociedad Urvisán S.L., dedicada a la construcción y al desarrollo de obra pública.
El alcalde de Librilla, José Martínez, del PP, abandonó el ayuntamiento sobre la una de la tarde, cuando habían transcurrido cuatro horas desde la entrada de agentes de la UCO en la sede consistorial para proceder a un registro.
Martínez dijo que en todo este tiempo ha colaborado "voluntariamente con la justicia", y que en ningún momento había sido detenido.
Según fuentes de la investigación, ningún miembro de la corporación de Librilla (seis concejales del PP y cinco del PSOE) está implicado en este caso.
El concejal de Urbanismo de la localidad, Pedro Martínez, señaló a EFE que desconocía los motivos del registro, y que tiene la "conciencia tranquila", al tiempo que comentó que el PGOM está en fase de aprobación definitiva, y en su fase inicial se aprobó con los votos a favor de PP y PSOE.